La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV), regula diferentes expedientes que se pueden plantear en materia de Derecho de familia. Como es propio de su naturaleza, se trata de procedimientos relativos a asuntos donde o bien no existe verdadera contradicción entre los interesados, o bien se da un cierto grado de desacuerdo entre ellos, pero que no alcanza el nivel suficiente como para obligar a iniciar un procedimiento judicial.

Un ejemplo del primer caso de inexistencia de conflicto lo encontramos en la necesidad de acudir a un expediente de jurisdicción voluntaria para poder vender o gravar bienes que sean propiedad de menores o a personas con su capacidad judicialmente modificada. Se trata aquí de obtener una autorización judicial que garantice la protección de sus intereses siendo lo prioritario en la realización de la operación de que se trate (artículo 65.1 LJV), al margen de que nadie se oponga directamente a ella. La decisión, que se produce tras la celebración de una comparecencia donde está presente el fiscal e incluso el propio afectado (artículo 64 LJV), corresponde adoptarla al juez de Primera Instancia del domicilio o residencia del titular del bien que se va a vender o gravar (artículo 62.1 LJV).